📍 Santo Domingo, República Dominicana.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión de oficio de 11 Registros de Proveedores del Estado (RPE) vinculados a senadores, al determinar que se encuentran bajo el régimen de inhabilidades absolutas para contratar con instituciones públicas.
El acto administrativo enumera un registro correspondiente a una persona física y diez pertenecientes a sociedades comerciales, relacionados con un total de diez legisladores. La suspensión se mantendrá mientras permanezca la incompatibilidad y se extenderá hasta seis meses después de que el funcionario abandone el cargo.
La DGCP aclaró que la decisión no constituye una sanción ni una medida punitiva, sino una acción preventiva para hacer cumplir la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, evitar conflictos de interés y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos estatales.
⚖️ Empresas con participación de legisladores quedan inhabilitadas
El artículo 38 de la referida legislación impide contratar con el Estado a senadores, diputados y otros funcionarios de alta jerarquía. La restricción también alcanza a las empresas donde estos tengan acciones, sin importar el porcentaje, o desempeñen funciones de dirección, gerencia o participación en consejos administrativos.
La relación oficial incluye sociedades comerciales vinculadas a los senadores Moisés Ayala Pérez, Santiago José Zorrilla, Johnson Encarnación Díaz, Carlos Manuel Gómez Ureña, Ginnette Bournigal, Gustavo Lara Salazar, Daniel Rivera, Bernardo Alemán, Antonio Marte y Alexis Victoria Yeb. En el caso de Marte aparecen dos registros relacionados.
🔎 Cruces de datos detectaron las incompatibilidades
Contrataciones Públicas explicó que la medida surgió tras realizar cruces en sus bases de datos para identificar posibles relaciones entre proveedores registrados y funcionarios impedidos legalmente de participar en contrataciones gubernamentales.
El acto fue firmado digitalmente por el director general de la institución, Carlos Pimentel Florenzán, el 19 de junio de 2026, y ordena notificar la decisión a la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Impuestos Internos.
🏛️ Con esta disposición, los registros involucrados no podrán utilizarse para competir por contratos públicos mientras se mantenga la causa legal de incompatibilidad.
