Santo Domingo, República Dominicana.– En una decisión que marca un giro clave en el debate ambiental del país, el presidente Luis Abinader ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, atendiendo al rechazo manifestado por amplios sectores de la población.
El mandatario dejó claro que su gestión se rige por la escucha activa y el respeto a la ciudadanía, enfatizando que las preocupaciones sociales no pueden ser ignoradas.
“Este Gobierno escucha, con respeto y responsabilidad. Cuando la gente expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con transparencia”, expresó en un mensaje dirigido al país.
⚖️ Decisión basada en la ley
El jefe de Estado explicó que la medida está sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual establece que proyectos de alto impacto no deben avanzar si enfrentan un rechazo social significativo.
En ese sentido, aseguró que no es viable continuar con una iniciativa que no cuenta con el respaldo de la población, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad y la sostenibilidad.
📜 Un proyecto con años de historia
El proyecto Romero no es reciente. Sus orígenes se remontan a:
- 2005: primeras concesiones de exploración
- 2010: reiteración de permisos
- 2015 y 2018: autorizaciones para estudios técnicos
A lo largo de los años, la iniciativa ha sido objeto de análisis y controversia por su posible impacto ambiental en una zona clave para los recursos hídricos del país.
🔍 Situación actual
El presidente aclaró que, durante su administración, el proyecto no ha pasado de la fase de evaluación ambiental, y que nunca se ha otorgado permiso para su explotación.
Con esta decisión, se ordena detener cualquier avance hasta que existan condiciones claras y consensuadas.
🌱 Mensaje claro al país
Abinader reiteró que su prioridad es proteger los intereses nacionales:
“Mi compromiso es con la gente, con el medio ambiente y con el futuro de la República Dominicana”, afirmó.
🧭 Un tema que sigue abierto
La medida llega en medio de intensas protestas, debates públicos y presión social bajo consignas como “agua sí, oro no”, reflejando la preocupación de comunidades y sectores productivos.
Aunque la suspensión marca un punto importante, el tema continúa siendo parte de la agenda nacional, en un escenario donde desarrollo económico y protección ambiental siguen en discusión.
