La decisión se produjo la tarde de este lunes, luego de que la defensa del imputado solicitara más tiempo para analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. La nueva fecha fue fijada para el próximo martes 7 de abril a las 2:00 de la tarde.
Defensa busca tiempo y garantías
El abogado defensor, Valentín Medrano, explicó que la solicitud de aplazamiento tiene como objetivo estudiar a fondo el expediente y preparar una respuesta sólida ante las acusaciones.
Asimismo, indicó que el tribunal acogió varias peticiones de la defensa sin oposición del Ministerio Público, entre ellas la posibilidad de recopilar nuevas evidencias, habilitar un espacio adecuado para reuniones privadas con el imputado y permitirle comunicarse con sus familiares mientras permanece detenido.
Medrano aseguró que estas medidas no representan privilegios, sino garantías básicas dentro del debido proceso, al tiempo que adelantó que combatirán las acusaciones alegando supuestos errores en la formulación del expediente.
Un arresto que sacudió al Ministerio Público
El caso tomó notoriedad tras el arresto de Valdez Alcántara, ocurrido la noche del pasado 27 de marzo, en medio de una operación de entrega controlada autorizada judicialmente. Según las autoridades, al momento de su detención se le ocupó la suma de US$10,000, presuntamente recibida como parte de una transacción irregular.
El fiscal está vinculado a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), lo que ha intensificado el impacto del caso al tratarse de un funcionario encargado precisamente de perseguir delitos de corrupción.
La investigación está siendo encabezada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien ha calificado el hecho como grave y reiteró que dentro del Ministerio Público se mantiene una política de cero tolerancia frente a actos ilícitos.
Expectativa ante próxima audiencia
Con el aplazamiento, crece la expectativa sobre lo que ocurrirá en la próxima audiencia, donde se definirá si al imputado se le impondrá prisión preventiva u otra medida de coerción.
Mientras tanto, el caso sigue generando debate en la opinión pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto que tiene en la credibilidad del sistema judicial dominicano.
