¡Se prende el debate por una cédula especial! PRM rechaza proyecto de diputada y pide que desista de la propuesta

SANTO DOMINGO, RD. — Una iniciativa legislativa que busca crear una cédula especial para personas que han vivido durante años en República Dominicana utilizando documentos dominicanos, pero cuya nacionalidad no puede acreditarse legalmente, ha desatado un intenso debate político y jurídico.

La propuesta fue presentada ante la Cámara de Diputados por Maribel Altagracia Almánzar de Ogando, legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM). El proyecto plantea establecer un registro especial de identidad y nacimiento bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE), con el propósito de atender casos de personas cuyos documentos presentan irregularidades o inconsistencias registrales.

Sin embargo, la iniciativa encontró un obstáculo importante: la dirección ejecutiva del PRM rechazó la propuesta y pidió a la diputada que desista de ella, al considerar que los procedimientos relacionados con la regularización documental deben abordarse mediante los mecanismos correspondientes de la JCE. La organización también aclaró que el proyecto no representa su posición institucional.

🪪 ¿En qué consiste la cédula especial?

De acuerdo con el texto divulgado del proyecto, el documento estaría dirigido a personas que han desarrollado su vida familiar, laboral y económica en el país utilizando documentación dominicana que posteriormente fue cuestionada por las autoridades.

La propuesta contempla que la JCE investigue cada expediente para determinar si la persona cumple con los requisitos legales para que se le reconozca la nacionalidad dominicana.

Cuando no sea posible acreditar esa nacionalidad, incluso después de las verificaciones correspondientes, se podría emitir una identificación especial con la inscripción visible «NO VOTA». Si tampoco pudiera determinarse otra nacionalidad, el documento indicaría «Nacionalidad no determinada».

La iniciativa establece que esta identificación no concedería la nacionalidad dominicana ni permitiría solicitar un pasaporte dominicano. Su finalidad sería facilitar la acreditación de identidad para determinados trámites y relaciones jurídicas que no requieran tener la nacionalidad dominicana.

⚖️ ¿Qué derechos busca preservar?

Entre los objetivos planteados está evitar que las personas afectadas por irregularidades documentales pierdan automáticamente el reconocimiento de vínculos civiles y económicos establecidos durante años.

El proyecto busca proteger, bajo las condiciones previstas en la propuesta, relaciones como matrimonios, contratos laborales, pensiones, propiedades y otras obligaciones adquiridas de buena fe.

No obstante, el texto también contempla que la creación del registro especial no impediría investigar posibles falsedades, suplantaciones de identidad u otras irregularidades, ni eliminaría las responsabilidades legales que pudieran derivarse de esos hechos.

🚫 El PRM se desmarca de la iniciativa

La propuesta generó una reacción importante dentro de la propia organización política de la legisladora. Según reportes publicados el 5 de noviembre, dirigentes del PRM señalaron que el anteproyecto no había sido discutido ni aprobado por la dirección partidaria ni por su bloque legislativo.

La dirección ejecutiva rechazó la iniciativa y exhortó a la diputada y a otros legisladores oficialistas a respaldar los procedimientos que desarrolla la Junta Central Electoral para atender los casos relacionados con la documentación.

La posición del partido introduce un nuevo elemento en la discusión, ya que el proyecto fue presentado por una representante de la organización oficialista, pero no cuenta con su respaldo institucional.

🗣️ Cuestionamientos sobre soberanía y nacionalidad

La propuesta también ha recibido críticas de legisladores y comentaristas que advierten sobre sus posibles consecuencias constitucionales, migratorias y registrales.

El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, cuestionó la pertinencia de la iniciativa y expresó preocupación por sus posibles implicaciones para la soberanía y la identidad nacional. Otros críticos han planteado interrogantes sobre su compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente y con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 168-13.

Por otro lado, el debate también incluye la situación de personas cuyos documentos fueron emitidos o utilizados durante años y que posteriormente enfrentaron dificultades para renovar su identificación. La discusión gira en torno a cómo atender esos casos sin desconocer las normas que regulan la nacionalidad dominicana.

🔎 ¿Ya fue aprobada la propuesta?

Es importante aclarar que el proyecto no debe presentarse como una ley vigente. La información disponible lo sitúa en una etapa inicial del proceso legislativo, sin confirmación de que haya sido aprobado por el Congreso.

Por tanto, la creación de la cédula especial dependería de los procedimientos legislativos correspondientes y de las decisiones que adopten las instituciones competentes.

La controversia deja planteado un debate delicado para el país: cómo resolver situaciones de identidad documental sin confundir la acreditación de una persona con el reconocimiento de la nacionalidad, y cómo garantizar que cualquier solución respete la Constitución, las leyes y los derechos que puedan corresponder a cada caso.