Santo Domingo, República Dominicana. – El mes de agosto marcará el inicio de una de las etapas más decisivas en dos de los procesos judiciales por presunta corrupción administrativa de mayor repercusión en el país. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue designado para conocer los juicios de fondo contra los exfuncionarios Donald Guerrero y Hugo Beras, quienes, junto a decenas de imputados, deberán responder ante la justicia por distintas acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
Las autoridades judiciales fijaron para agosto las primeras audiencias de ambos expedientes, en las que comenzará formalmente la fase donde se debatirán las pruebas y se determinará si los acusados son condenados o absueltos.
En el caso encabezado por el exministro de Hacienda Donald Guerrero, la primera audiencia fue programada para el próximo 19 de agosto, fecha en la que también deberán comparecer otros implicados vinculados al expediente que inicialmente fue conocido como Operación Calamar.
Junto a Guerrero enfrentarán el juicio los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente, además de los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, la excoordinadora técnico-administrativa del Ministerio de Hacienda Princesa Alexandra García Medina, así como los esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista, entre otros acusados que forman parte del amplio expediente.
El proceso llega a esta etapa luego de que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dictara apertura a juicio contra varios de los imputados, aunque favoreció con un auto de no ha lugar a figuras como el exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo, el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, además de Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro Donald Guerrero, Marcial Reyes y la notaria Rosa Arias Ruiz. Hasta el momento, esa decisión no ha sido apelada por el Ministerio Público.
El tribunal que tendrá a su cargo este proceso estará integrado por las magistradas Arlín Ventura, quien fungirá como presidenta, junto a Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
Ministerio Público sostiene que hubo un millonario perjuicio al Estado
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la presunta red encabezada por Donald Guerrero habría utilizado recursos públicos para realizar pagos irregulares, gestionar expropiaciones de terrenos mediante procedimientos supuestamente fraudulentos, ejecutar desembolsos cuestionados, realizar pagos indebidos a contratistas y cometer presuntos actos de extorsión contra propietarios de bancas de apuestas.
Las autoridades sostienen que estas operaciones habrían ocasionado un perjuicio económico de miles de millones de pesos al Estado dominicano, razón por la cual solicitarán condenas contra los involucrados durante el juicio de fondo.
Hugo Beras también comenzará su juicio en agosto
Otro de los procesos que iniciará durante el mes de agosto será el relacionado con el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, quien enfrentará juicio por un expediente que investiga una presunta estafa superior a RD$1,300 millones vinculada al sistema de semaforización inteligente.
La primera audiencia de este proceso fue fijada para el 11 de agosto, convirtiéndose en uno de los casos de mayor expectativa dentro del calendario judicial.
Además de Beras, también serán juzgados el empresario tecnológico José Ángel (Jochi) Gómez, Pedro Vinicio Padovani, Samuel Gregorio Baquero, Frank Rafael Atilano Díaz, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso.
Asimismo, fueron enviadas a juicio varias empresas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
De acuerdo con el expediente acusatorio, los imputados enfrentan cargos relacionados con presunto sabotaje a la red semafórica nacional, delitos de alta tecnología, robo de identidad, asociación de malhechores y lavado de activos.
Con ambas audiencias programadas para agosto, el sistema judicial dominicano dará inicio a una etapa determinante en dos de los expedientes de presunta corrupción y fraude contra el Estado más relevantes de los últimos años, procesos que serán seguidos de cerca por la opinión pública debido a la magnitud de las acusaciones y al perfil de los exfuncionarios involucrados.
