Fue entonces cuando el coronel Madé Ramírez, al notar que la hermana de la víctima estaba grabando lo sucedido, descendió de la patrulla, manipuló su arma de fuego y se dirigió directamente hacia la adolescente de 16 años, iniciando una agresión violenta.
El documento detalla que el oficial le propinó un codazo, la golpeó con su escopeta de reglamento, la sujetó por el cabello y la lanzó contra el suelo, provocándole heridas en las rodillas, golpes en la cabeza y múltiples contusiones. Además, se describe que el imputado continuó sacudiéndola de forma reiterada, aumentando la violencia del ataque.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es que, según el relato, el coronel habría solicitado una botella a los presentes con la aparente intención de continuar la agresión, lo que evidencia un nivel de violencia que ha sido fuertemente cuestionado.
Tras este episodio, y sin que los demás agentes intervinieran para detener la agresión, el coronel soltó a la menor para intentar detener a su hermana. Sin embargo, esta logró huir del lugar al sentirse amenazada cuando el oficial intentó arrebatarle el celular con el que grababa.
Al no lograr capturarla, el imputado regresó donde la víctima, la volvió a sujetar por el cabello y, según el expediente, la sacudía mientras exclamaba con tono desafiante: “ahora no hay cámara”.
Posteriormente, la menor fue subida a la patrulla policial y abandonada en una calle solitaria, bajo expresiones despectivas que, de acuerdo al documento, agravaron la situación de humillación y abuso.
El informe también establece que la patrulla continuó recorriendo el área con el presunto objetivo de intimidar a posibles testigos que tuvieran evidencia del hecho. Asimismo, se señala que el coronel lanzó botellas hacia una vivienda desde donde le gritaban “abusador” y que continuó deteniendo vehículos en la zona en busca de personas que pudieran haber grabado lo ocurrido.
Este martes, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva contra Fausto Madé Ramírez, mientras el caso sigue su curso en medio de una creciente presión social que exige justicia y sanciones ejemplares ante este tipo de actuaciones.
