Santo Domingo, República Dominicana.– El proceso judicial por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA) sigue avanzando con decisiones contundentes. Este lunes, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió mantener la prisión preventiva contra Santiago Hazim y los demás implicados en el caso.
Durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, el magistrado concluyó que no existen cambios en las condiciones que originaron la medida inicial, por lo que consideró que la privación de libertad sigue siendo necesaria para garantizar la presencia de los imputados en el proceso.
Imputados seguirán en prisión
Con esta decisión, el tribunal ordenó que permanezcan privados de libertad Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma, todos vinculados a la investigación.
El juez sostuvo que persiste el riesgo de fuga, tomando en cuenta la gravedad de los hechos imputados y el impacto económico que habría sufrido el Estado dominicano, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida.
Una decisión basada en la gravedad del caso
Según explicó el tribunal, la posible pena que enfrentarían los acusados, en caso de ser hallados culpables, justifica la prisión preventiva como una medida proporcional y equilibrada en esta etapa del proceso.
Asimismo, tras analizar los argumentos de la defensa, el juez determinó que los elementos presentados no son suficientes para otorgar libertad bajo fianza ni aplicar medidas menos severas.
“No han variado los presupuestos que dieron origen a la medida, por lo que procede mantener la prisión preventiva”, establece la resolución judicial.
Próximas fechas clave
El tribunal fijó para el 21 de mayo la lectura íntegra de la decisión, momento a partir del cual las partes podrán ejercer los recursos de apelación que consideren pertinentes.
Además, se estableció el 30 de julio como fecha para la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando todas las partes debidamente citadas.
Este caso continúa generando gran atención pública, debido a la magnitud de las acusaciones y al impacto que tiene sobre uno de los sistemas más sensibles del país: la salud pública.
