Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio Público se mantiene firme en su postura frente al caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SENASA), al solicitar que se mantenga la prisión preventiva contra los imputados, al considerar que no existen elementos nuevos que justifiquen un cambio en la medida de coerción.
Durante la audiencia de revisión obligatoria, el director de Persecución, Wilson Camacho, argumentó ante el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, que las pruebas presentadas por la defensa carecen de la “novedad y consistencia” requerida por el Código Procesal Penal.
El procurador adjunto explicó que no cualquier documento puede ser considerado válido para variar una medida de coerción, sino que debe tratarse de evidencias contundentes que desmonten el riesgo de fuga o afectación al proceso judicial.
Defensa bajo cuestionamientos
Camacho criticó que entre los documentos depositados por los abogados figuren cartas de asociaciones, facturas de servicios básicos y alegatos de arraigo poco sólidos, señalando que estos no constituyen garantías suficientes.
En cuanto a temas de salud, el representante del Ministerio Público indicó que los alegatos presentados no cumplen con los criterios legales, ya que la ley solo contempla variaciones en casos de enfermedades graves o terminales del propio imputado, no de terceros.
Un fraude con impacto social
El funcionario resaltó la gravedad del caso, señalando que los fondos presuntamente sustraídos estaban destinados a cubrir servicios de salud para la población más vulnerable del país.
“No se trata solo de dinero, se trata de vidas. Cada peso desviado puede representar un paciente que no recibe el medicamento que necesita”, expresó, al tiempo que calificó el hecho como un golpe directo al sistema de salud pública.
Solicitud formal al tribunal
El Ministerio Público solicitó al tribunal rechazar todas las solicitudes de variación de medida, insistiendo en que se mantenga la prisión preventiva y las condiciones actuales, debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de que el proceso se vea comprometido.
En este expediente figuran como imputados Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes buscan obtener su libertad mientras continúa el proceso judicial.
El caso continúa desarrollándose en los tribunales, en medio de una alta expectativa pública por el impacto que tiene en uno de los sistemas más sensibles del país: la salud.
