El general Adán Cáceres Silvestre, principal implicado en el denominado caso Coral, solicitó formalmente su absolución ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, asegurando que las acusaciones en su contra carecen de sustento jurídico.
Durante su intervención final, el alto oficial sostuvo que las pretensiones del Ministerio Público “han fracasado”, debido a que —según afirmó— las pruebas presentadas no son ni suficientes ni pertinentes para sustentar una condena.
“Ustedes verán que no fue posible condenarnos porque las pruebas no cumplen con los requisitos legales”, expresó ante las magistradas.
Confía en que la justicia le dará la razón
Cáceres manifestó su confianza en que, una vez analizado el expediente sin presiones externas ni el “ruido del plenario”, la justicia reconocerá su inocencia.
En su defensa, estructuró sus argumentos en tres puntos clave: el manejo de los fondos de inteligencia, la inexistencia de lavado de activos y el rechazo a la figura del testaferrato.
Sobre los recursos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), aseguró que el Ministerio Público ha demostrado un “total desconocimiento” sobre cómo se manejan estos fondos, los cuales —explicó— están protegidos por un marco legal especial debido a su naturaleza sensible.
“No pudieron romper el velo legal de esos fondos y ahora intentan convertir firmas administrativas en pruebas de sustracción”, afirmó, desligando además a sus subordinados de cualquier irregularidad.
Niega lavado de activos y ocultamiento de bienes
El general también rechazó las acusaciones de lavado de activos, explicando que este delito requiere tres etapas fundamentales: colocación, estratificación y reintegración, fases en las que, según dijo, nunca ha sido vinculado.
Aseguró además que no realizó prácticas como el “pitufeo” (depósitos fraccionados) y que sus ingresos provienen de fuentes lícitas, como salarios, especialismos e inversiones.
En cuanto al señalamiento de testaferrato, Cáceres fue enfático al negar que haya utilizado terceros para ocultar bienes. “En Madre Tierra no encontraron ninguna propiedad mía, solo vacas y pollos”, expresó, intentando desmontar la acusación.
Duras críticas al Ministerio Público
Antes de concluir, el imputado calificó la acusación como “insostenible” y criticó duramente el trabajo del órgano acusador tras casi cinco años de proceso judicial.
Entre sus principales cuestionamientos, destacó:
- El uso de testigos que calificó como “delincuentes confesos”, quienes —según alegó— habrían declarado bajo presión.
- La falta de detalles sobre la supuesta sustracción de RD$1,700 millones, sin especificar cómo, cuándo ni dónde ocurrieron los hechos.
- La afirmación de que el 98% de sus ingresos son de origen lícito y ya han sido debidamente declarados.
- Cuestionamientos a las pruebas periciales, señalando que los auditores habrían actuado bajo directrices del Ministerio Público, lo que —según dijo— derivó en una acusación “amarillista”.
“Cinco años después, no han podido explicar cómo ese dinero llegó a mí, simplemente porque eso nunca ocurrió”, concluyó Cáceres ante el tribunal.
El caso Coral sigue siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de presunta corrupción administrativa en el país, y ahora queda en manos de las juezas decidir el destino judicial del alto oficial.
