La justicia dominicana volvió a pronunciarse en uno de los casos más polémicos de los últimos años. La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, condenó a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio, tras hallarla culpable de violación a la Ley General de Salud, luego de haber usurpado funciones como supuesta neurocientífica.
El caso generó gran controversia en el país, ya que Silverio ofrecía tratamientos a niños con trastorno del espectro autista en el centro Kogland, sin contar con la debida formación ni acreditación profesional.
Una segunda condena que mantiene el caso en el ojo público
Esta decisión judicial marca la segunda condena contra Silverio. En un proceso anterior había sido sentenciada a ocho años de prisión, pero ese fallo fue posteriormente anulado, dando paso a este nuevo juicio.
La imputada deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
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Ministerio Público insistía en una pena mayor
Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó una condena de siete años de prisión, además de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de evidencias y el endurecimiento de las medidas en su contra.
El órgano acusador argumentó que el caso tiene un alto impacto social, debido a la vulnerabilidad de las víctimas y la naturaleza de los hechos, además de señalar el riesgo de fuga por los antecedentes del proceso.
La defensa anuncia apelación
Por su parte, el abogado Waldo Paulino, representante legal de Silverio, informó que apelará la sentencia, asegurando que existen elementos jurídicos que no se corresponden con los hechos imputados.
El jurista sostuvo que, mientras no exista una decisión definitiva con carácter irrevocable, su defendida mantiene su presunción de inocencia, y aseguró que buscarán demostrar su inocencia en instancias superiores.
Un caso que marcó a la opinión pública
El proceso contra Elizabeth Silverio ha sido uno de los más comentados en la República Dominicana, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el impacto en familias que confiaron en sus servicios.
Con esta nueva sentencia, el caso sigue abierto en el ámbito judicial y mediático, mientras se espera el próximo paso en los tribunales.
