En un amplio operativo que sacude uno de los principales polos turísticos del país, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ejecutó la denominada Operación Caribe, una intervención dirigida a enfrentar de manera frontal la explotación sexual comercial, el proxenetismo y otras actividades ilícitas en el municipio de Boca Chica.
El despliegue, que se llevó a cabo tras varias semanas de labores de inteligencia e investigación, dejó como resultado la detención de al menos seis personas y el rescate de 37 víctimas, quienes presuntamente eran explotadas en distintos puntos identificados por las autoridades.
Durante la intervención, los equipos actuantes realizaron múltiples allanamientos e inspecciones en establecimientos y zonas previamente señaladas como focos de actividades ilegales. En estos lugares, lograron ocupar evidencias clave que ahora forman parte de los procesos judiciales en desarrollo.
La operación fue ejecutada por instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, como parte de una estrategia integral orientada a combatir delitos que impactan directamente la seguridad ciudadana y la imagen turística del país, entre ellos el tráfico ilícito de migrantes, el microtráfico y la explotación sexual.
Atención a las víctimas y seguimiento del caso
Las autoridades informaron que las personas rescatadas están recibiendo atención especializada, que incluye asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal, con el objetivo de garantizar su protección y facilitar su proceso de recuperación.
Asimismo, destacaron que este tipo de operativos no será aislado, sino que forma parte de un plan continuo para desarticular redes criminales que operan en zonas vulnerables y reforzar la seguridad en destinos turísticos clave.
Las investigaciones permanecen abiertas, y no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas, a medida que las autoridades profundizan en la identificación de otros posibles implicados en esta red delictiva.
Con esta acción, el Estado busca enviar un mensaje claro: no habrá tolerancia frente a estructuras que atenten contra la dignidad humana y el orden público en el país.
