La Procuraduría General de la República informó sobre el arresto en flagrante delito del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien se desempeñaba dentro de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusado de supuestamente gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona bajo investigación.
De acuerdo con el comunicado oficial, la detención se produjo como resultado de una entrega controlada, previamente autorizada por un juez competente, lo que permitió a las autoridades documentar la presunta transacción ilícita. Al momento del arresto, al funcionario se le ocupó el dinero señalado, el cual habría sido recibido en el marco de este proceso irregular.
El caso ha sido asumido directamente por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien calificó la situación como “sumamente grave” y reiteró la postura institucional de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción, incluso cuando involucra a miembros del propio Ministerio Público.
“Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”, expresó Reynoso, subrayando que este tipo de conductas no solo constituyen un delito, sino que además golpean la credibilidad del sistema de justicia.
Las autoridades explicaron que, por instrucciones de la Procuraduría, se solicitó previamente a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, como parte del proceso formal de investigación que permitió ejecutar el operativo.
Un caso que sacude al sistema
La Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, se encuentra preparando la solicitud de medida de coerción, la cual incluiría prisión preventiva contra el imputado en las próximas horas.
Este caso ha generado una fuerte reacción pública, debido a que el acusado formaba parte de la estructura encargada de combatir precisamente los delitos de corrupción administrativa en el país. La situación ha reavivado el debate sobre los controles internos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Por el momento, el fiscal permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades han reiterado que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias, en un intento por enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de aplicarla.
