Las grabaciones captadas por cámaras de seguridad en el apartamento de Ivonne Handal Abigail han vuelto a generar conmoción pública, ocho meses después del violento hecho ocurrido en el residencial Dorado IV, en el sector Ensanche Naco.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de declarar inimputable y ordenar la libertad de Jean André Pumarol Fernández, señalado como responsable del ataque que dejó una mujer fallecida y cinco personas heridas.
Un ataque que estremeció a la comunidad
Los hechos se remontan a la tarde del 23 de julio de 2025, cuando el imputado, un ingeniero en sistemas de 30 años con antecedentes de esquizofrenia, inició una serie de agresiones dentro de su vivienda.
De acuerdo con las investigaciones, tomó dos cuchillos de la cocina y atacó a la empleada doméstica Griselda Ozuna Torres, quien logró escapar herida. Durante el incidente, su padre, Guillermo Pumarol, intentó intervenir, resultando también lesionado.
Posteriormente, el agresor se desplazó por el edificio, tocando puertas al azar. En uno de los apartamentos residía Ivonne Handal, de 70 años, quien se convirtió en la víctima mortal del ataque.
Según los testimonios, al abrir la puerta, el imputado irrumpió en la vivienda y atacó tanto a la trabajadora doméstica como a la señora Handal, quien, de acuerdo con sus familiares, recibió múltiples heridas mortales mientras pedía auxilio.
Videos generan cuestionamientos
Entre los elementos señalados, destacan que el imputado se desplazaba por la vivienda, respondía o desconectaba teléfonos y regresaba en varias ocasiones al lugar donde se encontraba la víctima.
Para la familia, estos comportamientos debieron ser analizados en un juicio de fondo, lo que —según sostienen— no ocurrió.
Debate sobre salud mental
El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia explicó que durante episodios psicóticos una persona puede realizar acciones que aparentan coherencia, aunque estén motivadas por alteraciones en el pensamiento.
El imputado tenía diagnóstico previo de esquizofrenia paranoide desde 2017, con múltiples internamientos y tratamientos, incluyendo el uso de antipsicóticos y terapias especializadas.
Sin embargo, informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses revelaron vacíos en su historial clínico reciente, lo que ha generado dudas sobre la evolución de su condición antes del hecho.
Decisión judicial y reacciones
El Ministerio Público de la República Dominicana había presentado acusación por homicidio voluntario, solicitando sanciones que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
No obstante, el tribunal decidió aplicar el artículo 64 del Código Penal, concluyendo que el imputado no estaba en condiciones de enfrentar un proceso penal.
La decisión fue defendida por su familia, mientras que los parientes de la víctima la calificaron como una injusticia.
El abogado Miguel Valerio sostuvo que la inimputabilidad debió ser debatida en un juicio con la participación de peritos.
Un caso que reabre el debate
El fallo también provocó reacciones públicas, incluyendo pronunciamientos de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y de la primera dama, Raquel Arbaje, quienes expresaron preocupación por la decisión.
El caso ha reactivado la discusión sobre cómo el sistema judicial dominicano maneja los delitos cometidos por personas con trastornos mentales, así como las limitaciones en el acceso a tratamiento especializado.
Mientras la familia de la víctima prepara un recurso de apelación, insiste en que su lucha busca evitar que tragedias similares se repitan.
“A nuestra madre no la vamos a recuperar, pero no podemos permitir que algo así vuelva a pasar”, expresaron.
