El proceso judicial que involucra a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al ciudadano Ángel Martínez continúa sin llegar a una solución, luego de que su representante legal reiterara que no habrá acuerdo sin una admisión formal de culpabilidad por parte del imputado.
El abogado Miguel Valerio explicó este viernes que la única vía para resolver el conflicto es que Martínez reconozca su responsabilidad ante el tribunal y asuma las consecuencias legales y económicas derivadas del caso. Según detalló, esta condición es imprescindible para avanzar hacia un acuerdo entre las partes.
Valerio indicó que, aunque han existido múltiples intentos de acercamiento por parte de Martínez y su equipo legal, las negociaciones no han prosperado debido a que no se han cumplido los requisitos establecidos por la defensa de la funcionaria. Entre estos, se contempla un reconocimiento explícito de culpa ante un juez, la aplicación de un procedimiento penal abreviado y el pago de una indemnización que asciende a 50 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios.
“El imputado debe admitir su responsabilidad. Es una condición esencial para cualquier tipo de acuerdo. Sin eso, el proceso no puede avanzar hacia una solución alterna”, sostuvo el jurista, al recalcar la postura firme de su representada.
El abogado también explicó que factores personales han incidido en el retraso del proceso. Entre ellos, mencionó el fallecimiento del padre del abogado de Martínez, situación que obligó a posponer encuentros clave y afectó el ritmo de las negociaciones.
En cuanto al curso del caso, Valerio fue enfático en señalar que no existen otras alternativas viables fuera de las condiciones planteadas. Reiteró que la ministra Raful mantiene su posición sin variaciones, insistiendo en que debe haber consecuencias claras por los hechos que originaron el conflicto.
La audiencia más reciente fue aplazada, sumando ya tres posposiciones en este proceso judicial. El tribunal fijó como nueva fecha el próximo 5 de mayo, día en el que se espera que el caso avance de manera definitiva, ya sea hacia un acuerdo o hacia la continuación del litigio en los tribunales.
Mientras tanto, el caso sigue generando atención pública, a la espera de una resolución que dependerá, en gran medida, de la decisión que adopte el imputado frente a las condiciones exigidas por la parte demandante.
