Washington, Estados Unidos.— El Gobierno estadounidense anunció la revocación o restricción de visas a más de 60 funcionarios, exfuncionarios y figuras públicas de Colombia y Bolivia, como parte de una nueva ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico en América Latina.
La medida fue comunicada el jueves 22 de octubre por el Departamento de Estado, cuyo titular, Marco Rubio, explicó que Washington busca ampliar sus acciones contra las redes criminales y las personas que presuntamente contribuyen a sus operaciones.
Las restricciones alcanzan a 21 personas en Colombia y 40 ciudadanos bolivianos, de acuerdo con los reportes publicados. Entre los afectados figuran políticos, funcionarios judiciales y otras personalidades vinculadas a investigaciones o señalamientos relacionados con presuntas actividades ilícitas.
La decisión se enmarca en la estrategia regional denominada Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado.
🇨🇴 Ricardo Roa figura entre los colombianos afectados
En Colombia, uno de los nombres más destacados es el de Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
También aparece Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, así como el senador electo Wadith Manzur y la representante Karen Manrique. La lista incluye, además, a los excongresistas Julio Elías Chagüi y Liliana Bittar, junto al exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.
Algunos de los colombianos mencionados enfrentan investigaciones o procesos judiciales en su país por presuntas irregularidades. Sin embargo, la restricción de una visa estadounidense no constituye por sí misma una condena penal ni demuestra culpabilidad.
La medida representa una decisión migratoria de Washington y no sustituye los procedimientos que corresponden a las autoridades judiciales colombianas.
🇧🇴 Bolivia concentra 40 restricciones
En Bolivia, las medidas afectan a 40 ciudadanos, entre ellos funcionarios y antiguos integrantes del sistema judicial, legisladores y otras figuras públicas, además de familiares incluidos en las restricciones.
Entre los nombres divulgados se encuentran el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, el juez Julio Alba Flores, el magistrado Aldo Quezada y el fiscal Julio César Porras Velarde, vinculado a la unidad especializada en sustancias controladas de Santa Cruz.
También aparecen legisladores y personas relacionadas con investigaciones sobre presuntas redes de narcotráfico y corrupción.
Esta decisión se suma a las restricciones anunciadas por Estados Unidos a finales de septiembre contra otros funcionarios bolivianos. Washington ha defendido estas medidas como un instrumento para combatir la influencia del crimen organizado en instituciones públicas.
⚠️ Washington endurece su política contra la corrupción
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la Administración estadounidense está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
Con estas acciones, el Gobierno de Trump busca presionar a personas que considera vinculadas a actividades criminales y respaldar los esfuerzos regionales contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
No obstante, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente todos los detalles de los señalamientos individuales contra cada persona afectada. Por esa razón, las acusaciones deben atribuirse a Washington y distinguirse de los hechos que hayan sido probados judicialmente.
🌎 Una medida con repercusiones regionales
La decisión vuelve a colocar las restricciones migratorias en el centro de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Washington utiliza la posibilidad de negar o retirar visas como mecanismo de presión frente a presuntos actos de corrupción y actividades relacionadas con el narcotráfico.
Para Colombia y Bolivia, las medidas pueden tener consecuencias políticas y diplomáticas, especialmente por la inclusión de figuras con responsabilidades públicas o vínculos con instituciones estatales.
Mientras tanto, los procedimientos judiciales que existan en ambos países deberán continuar por sus propios cauces, con respeto a la presunción de inocencia y a las garantías legales de las personas señaladas.
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