📍 Santo Domingo, República Dominicana. – El Senado de la República rechazó este miércoles tres propuestas de modificación presentadas por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, durante la revisión del nuevo Código Penal, iniciativas con las que el legislador buscaba corregir disposiciones que, a su juicio, podían generar interpretaciones contradictorias, afectar derechos fundamentales o limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Las modificaciones sometidas por el representante de la Fuerza del Pueblo no lograron obtener los votos necesarios para su aprobación. Según las informaciones divulgadas sobre la sesión, 21 senadores votaron en contra de las propuestas.
Fernández explicó que sus observaciones no pretendían frenar la entrada en vigencia del nuevo marco penal, sino perfeccionar determinados artículos antes de que comiencen a aplicarse, especialmente aquellos relacionados con el hostigamiento cibernético, la proporcionalidad de las sanciones por lesiones y las disposiciones vinculadas con expresiones consideradas difamatorias.
📱 Primera propuesta: preocupación por posible “censura previa”
Uno de los principales planteamientos del senador estuvo dirigido al artículo 123, relacionado con el hostigamiento o acoso cibernético.
Fernández propuso eliminar una parte de la disposición que establece determinadas condiciones para que la difusión de contenidos vinculados con asuntos de relevancia pública pueda quedar amparada dentro de las excepciones contempladas por la norma.
A juicio del legislador, exigir que determinadas informaciones estén sustentadas previamente en hechos considerados “ciertos y comprobables” podría abrir la puerta a interpretaciones que afecten la libertad de expresión y el derecho a divulgar informaciones de interés público.
🗣️ Fernández advirtió que una redacción de ese tipo podría ser utilizada como una forma indirecta de censura previa, particularmente en situaciones relacionadas con investigaciones periodísticas, denuncias públicas o informaciones que todavía se encuentren en proceso de comprobación.
Su planteamiento buscaba, según explicó, garantizar que el nuevo Código Penal no termine generando consecuencias que puedan desalentar la investigación, la denuncia o el debate sobre asuntos de interés colectivo.
🚨 Segunda propuesta: penas según la gravedad del daño causado
La segunda modificación presentada estuvo relacionada con el artículo 161, referente a las sanciones aplicables en determinados casos de agresiones.
Omar Fernández planteó establecer una diferenciación más clara entre las consecuencias provocadas a las víctimas, de manera que las penas sean proporcionales al nivel del daño ocasionado.
La propuesta procuraba distinguir entre lesiones temporales, lesiones permanentes y aquellos casos en los que la conducta termine provocando la muerte de una persona.
⚖️ El senador sostuvo que la legislación debe establecer sanciones suficientemente precisas para evitar que hechos con consecuencias muy diferentes reciban tratamientos jurídicos similares.
Dentro del debate también se planteó la necesidad de endurecer las consecuencias en situaciones como los disparos irresponsables al aire, especialmente cuando estos terminan ocasionando heridas permanentes o la pérdida de vidas.
📰 Tercera propuesta tocaba el tema de la difamación
La tercera iniciativa estuvo dirigida al artículo 211, relacionado con las expresiones consideradas difamatorias o injuriosas.
Fernández propuso eliminar el numeral cinco y realizar cambios en determinados párrafos del artículo, al considerar que la actual redacción podría producir contradicciones jurídicas y generar preocupación en torno al ejercicio de la comunicación pública.
El legislador defendió la necesidad de proteger aquellas informaciones que estén respaldadas por elementos probatorios y por un proceso razonable de verificación, especialmente cuando se trate de temas de interés público.
Asimismo, planteó revisar aspectos relacionados con la responsabilidad civil y con expresiones contenidas en documentos o escritos presentados ante los tribunales de justicia.
🏛️ Defiende el nuevo Código, pese a sus objeciones
Aunque sus tres propuestas fueron rechazadas, Omar Fernández dejó claro que respalda la necesidad de que República Dominicana cuente con un Código Penal actualizado.
“Necesitamos un nuevo Código. Necesitamos darles a los órganos de justicia un marco legal que les permita hacer su trabajo”, expresó el senador durante las discusiones.
Fernández reconoció que la nueva legislación incorpora figuras penales que durante años habían sido reclamadas por distintos sectores de la sociedad dominicana.
Entre los avances mencionados se encuentran la tipificación del sicariato, las estafas piramidales e inmobiliarias, el robo de identidad y el hostigamiento cibernético, entre otras conductas que anteriormente no contaban con una regulación suficientemente específica.
🔎 Congreso revisa artículos antes de la entrada en vigencia
El debate se produce en medio de los trabajos de una comisión bicameral del Congreso Nacional, creada para revisar alrededor de 18 artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en aplicación.
La revisión surgió luego de que organizaciones periodísticas, sectores de la sociedad civil y especialistas expresaran preocupación por disposiciones que, según han advertido, podrían tener efectos sobre la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y otros derechos fundamentales.
Entre los sectores que han planteado observaciones se encuentra la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que ha solicitado revisar determinados artículos antes de que comiencen a producir efectos jurídicos.
📅 La entrada en vigencia del nuevo Código Penal está prevista, según el calendario citado durante el debate legislativo, para el 3 de agosto, lo que ha acelerado las discusiones en el Congreso sobre posibles modificaciones.
Con el rechazo de las tres propuestas de Omar Fernández, el debate continúa abierto sobre hasta dónde deben llegar las sanciones establecidas por el nuevo Código y cómo garantizar que la lucha contra delitos como el hostigamiento cibernético y la difamación no termine entrando en conflicto con derechos constitucionales como la libertad de expresión y la difusión del pensamiento.
