📍 Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público presentó una acusación formal contra diez personas y cuatro empresas, señaladas de integrar una supuesta estructura de corrupción que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para conseguir, mantener y ejecutar contratos de servicios de seguridad privada en varias instituciones del Estado.
La acusación, correspondiente a la denominada Operación Lobo, fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, acompañada de una solicitud para que los implicados sean enviados a juicio de fondo.
Según el órgano acusador, la red habría entregado exactamente RD$108,080,359 a funcionarios y responsables de seguridad de distintas entidades públicas, con el objetivo de asegurar la adjudicación y continuidad de contratos de vigilancia privada.
👥 Exfuncionarios y empresarios entre los acusados
Entre las personas incluidas en el expediente figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), señalada por las autoridades como una de las principales compañías involucradas en el supuesto esquema.
También fueron acusados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, vinculado al Departamento de Seguridad de Edeeste.
La lista incluye además a Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos exencargados de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste.
Asimismo, figuran Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
🏢 Como personas jurídicas, el Ministerio Público acusa a Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L.
💰 Pagos se habrían realizado durante más de una década
De acuerdo con la acusación, la empresa Senase habría efectuado pagos ilícitos entre los años 2012 y 2025, utilizando transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para beneficiar a funcionarios relacionados con la contratación y supervisión de los servicios de seguridad.
El Ministerio Público sostiene que los implicados recibían dinero a cambio de mantener vigentes las contrataciones, acelerar procedimientos administrativos y evitar una fiscalización rigurosa de los servicios ofrecidos por las empresas.
Estas actuaciones habrían permitido que las compañías continuaran beneficiándose de fondos públicos mediante procedimientos presuntamente fraudulentos y acuerdos realizados al margen de la ley.
🔎 Investigación comenzó tras una denuncia de Ética Gubernamental
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución.
Las pesquisas comenzaron luego de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que habría advertido sobre posibles irregularidades en los contratos y pagos relacionados con los servicios de vigilancia privada.
La Operación Lobo fue ejecutada el pasado año y dio lugar al arresto de varios civiles y miembros de organismos militares presuntamente vinculados con la estructura.
⚖️ Solicitan apertura a juicio contra los imputados
Los acusados enfrentan cargos relacionados con soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre otras infracciones que deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
Corresponderá ahora a un juez de la instrucción revisar las pruebas depositadas por el Ministerio Público y determinar si existen elementos suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo.
📌 Las personas y empresas acusadas conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente establezca su responsabilidad mediante una sentencia definitiva.
