La Policía Nacional informó este sábado que el operativo de desalojo realizado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, específicamente en la plaza comercial conocida como Teleofertas, responde a un proceso legal por ocupación ilegal de terrenos, respaldado por una orden judicial.
El vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, explicó que la intervención se ejecutó en estricto cumplimiento de la ley, apoyada en documentos oficiales que incluyen una resolución del Abogado del Estado y una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia.
.Base legal del desalojo
Según el informe oficial, la acción está sustentada en la Resolución No. 052, de fecha 2 de febrero de 2026, amparada en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y en disposiciones de la Ley 396-19, que regulan este tipo de procedimientos.
Las autoridades indicaron que los terrenos intervenidos, ubicados en el Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, abarcan más de 4,300 metros cuadrados y cuentan con títulos de propiedad debidamente registrados, lo que motivó la restitución de la posesión a sus legítimos dueños.
Amplio despliegue policial
El operativo contó con la participación de más de 150 agentes, incluyendo unidades antimotines, preventivas, tácticas y personal de inteligencia, en coordinación con alguaciles responsables de ejecutar la orden.
La Policía reiteró que su rol fue garantizar el orden público, proteger a las personas presentes y evitar incidentes, actuando bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Comerciantes denuncian irregularidades
Sin embargo, la versión oficial contrasta con la de los afectados. Familiares del fallecido comunicador y empresario Johnny Marte calificaron el desalojo como irregular y carente de notificación previa.
Su hijo, John Marte, aseguró que ni él ni otros miembros de su familia fueron informados del proceso, a pesar de que llevan más de 30 años operando en elsto desde hace décadas”, expresó.
El joven también denunció que no solo su negocio fue afectado, sino el de múltiples comerciantes que, según afirma, no fueron debidamente notificados ni se les respetó el debido proceso.
Conflicto abierto
El caso ha generado controversia y debate, al enfrentar la postura de las autoridades —que defienden la legalidad del procedimiento— con la de los comerciantes, quienes alegan vulneración de sus derechos.
Mientras tanto, la situación deja en evidencia un escenario delicado donde convergen intereses legales, económicos y sociales, en una de las zonas más transitadas del Distrito Nacional.
