Durante las dos gestiones encabezadas por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional ha dado luz verde a un total de 1,230 millones de dólares en préstamos internacionales, destinados a enfrentar los efectos del cambio climático y los desastres naturales en la República Dominicana.
Estas aprobaciones se han realizado en un contexto donde el Poder Legislativo ha estado dominado por el oficialismo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que ha permitido que las iniciativas avancen sin mayores obstáculos, pese al rechazo constante de los partidos de oposición, que no han respaldado ninguno de estos financiamientos.
Fondos para enfrentar el cambio climático
De los cinco préstamos aprobados, tres están enfocados en programas de acción climática, sumando un total de 600 millones de dólares. Según los documentos oficiales, estos recursos buscan fortalecer la capacidad del país para adaptarse a fenómenos naturales, mediante políticas públicas orientadas a la resiliencia.
Entre los objetivos planteados se encuentra el desarrollo de infraestructuras y territorios más resistentes, capaces de soportar tormentas, inundaciones y deslizamientos de tierra, cada vez más frecuentes por la variabilidad climática.
Recursos para emergencias y desastres
Por otro lado, los dos préstamos restantes, que totalizan 630 millones de dólares, están dirigidos específicamente a la gestión de riesgos y respuesta ante desastres naturales.
Estos fondos fueron aprobados entre noviembre de 2023 y junio de 2025, y tienen como finalidad garantizar liquidez al Estado en momentos de crisis, permitiendo una respuesta más rápida ante eventos extremos, incluyendo situaciones de salud pública.
Además, se contempla la creación de un fondo contingente, que sirva como respaldo financiero para enfrentar emergencias extraordinarias sin afectar de inmediato el presupuesto nacional.
Debate político y cuestionamientos
A pesar de que las autoridades sostienen que estos préstamos son necesarios para fortalecer la preparación del país, la oposición ha mantenido su postura de rechazo, cuestionando el nivel de endeudamiento y la efectividad en la ejecución de estos recursos.
No obstante, con el respaldo legislativo del oficialismo, las iniciativas han sido aprobadas sin mayores trabas, consolidando una estrategia financiera enfocada en la prevención y respuesta ante los desafíos climáticos que enfrenta el país.
El debate ahora se centra en cómo se ejecutarán estos fondos y si realmente lograrán traducirse en soluciones concretas frente a los eventos que, año tras año, ponen a prueba la infraestructura y la capacidad de respuesta de la nación.
