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El equipo legal del también excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana aseguró que el expediente presenta lo que califican como un “fraude procesal”, cuestionando tanto la forma en que se depositó la acusación como la manera en que el Ministerio Público obtuvo pruebas consideradas clave dentro del caso.
Según explicaron los abogados, existen inconsistencias en las fechas del traslado del expediente. Alegan que la coordinación de los juzgados de instrucción certificó haber enviado el caso el 30 de abril de 2024, pero documentos oficiales del Cuarto Juzgado de la Instrucción indican que fue recibido dos semanas después, a pesar de que ambas dependencias se encuentran en el mismo edificio.
Para la defensa, este desfase genera dudas sobre el manejo del expediente durante ese período, así como sobre la cadena de custodia de las evidencias. En ese sentido, plantearon interrogantes sobre qué ocurrió con la acusación y las pruebas en esos días.
Otro punto clave señalado por los abogados es la supuesta irregularidad en la obtención de pruebas periciales. Afirman que algunas experticias habrían sido realizadas bajo instrucciones directas de fiscales, incluyendo extracciones de datos de dispositivos electrónicos sin contar previamente con autorización judicial, lo que —según sostienen— compromete su validez.
Asimismo, cuestionaron informes financieros que, a su juicio, fueron elaborados con documentos obtenidos sin orden judicial o en tiempos que no permitirían un análisis técnico adecuado.
La defensa también criticó la respuesta del Ministerio Público, alegando que no presentó nuevos elementos probatorios y que el caso se sustenta en una teoría sin evidencias sólidas que vinculen directamente a Castillo con los hechos que se le imputan.
“Se quiere llevar este proceso a juicio como si fuera un acto de fe, sin pruebas contundentes”, expresaron los juristas, quienes insisten en que no existen fundamentos suficientes para sostener la acusación.
El exfuncionario es representado en este proceso por los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas, quienes han mantenido una postura firme en la defensa del exministro.
De acuerdo con la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Castillo estaría vinculado a un presunto esquema de corrupción que incluye desvío de fondos públicos, lavado de activos y el uso de estructuras empresariales para ocultar dinero, así como financiamiento irregular de actividades políticas.
El caso continúa su curso en los tribunales, mientras crece el interés público y se intensifica el debate sobre la transparencia y el manejo de los procesos judiciales en el país.
